A la sociedad juarense, al país, al mundo:
Frente a la coyuntura que vive la ciudad y en relación a la visita del presidente Felipe Calderón a esta ciudad el jueves 11 de febrero, en el marco de la cual declaró la permanencia del ejército en Ciudad Juárez, así como la continuidad de la estrategia militar que implica la posibilidad de más muertes de inocentes, el Movimiento Pacto por la Cultura expresa su profundo respeto y solidaridad permanente con los familiares de las víctimas de asesinatos en Ciudad Juárez y en el país, así como nuestra adhesión a las palabras expresadas por la señora Luz María Dávila a Felipe Calderón en el Centro de Convenciones Cibeles.
Para nosotros el señor Calderón no es bienvenido a esta ciudad. No aceptamos sus disculpas, ni el tono ni el contenido de su análisis sobre las fuentes de la violencia en la ciudad, tendiente a criminalizar nuestra vida social. Hacemos, en este sentido, un exhorto a las personas concientes, a los académicos, a los artistas, a los activistas, a las organizaciones sociales, a los ciudadanos, a que realicen una profunda reflexión acerca de las implicaciones éticas de colaborar con el gobierno federal en sus supuestos planes de reconstrucción, toda vez que la experiencia nos indica que las prácticas clientelares y el andamiaje fallido del Estado no puede augurar otra cosa que una simulación que legitime la guerra.
Por lo anterior, también hacemos las siguientes consideraciones, denuncias, exigencias y propuestas:
Considerando:
- Que desde que el presidente Felipe Calderón declaró la supuesta guerra contra el narcotráfico, la violencia ha crecido en el país. Desde ese momento muchas voces advirtieron que se trataba de una estrategia equivocada; que la violencia crecería. El año 2007 terminó con un incremento en el número de muertes violentas (de 22 en noviembre, se pasó a 34 en diciembre). En enero de 2008 fueron 42 y en febrero 45. En marzo 113 y luego en abril, con la llegada masiva de los militares, bajó a 55, pero al mes siguiente la cifra subió a 135. Desde entonces las cifras de muertes violentas no han bajado. La llegada del ejército y las medidas policiacas no redujeron las muertes ni de la incidencia delictiva. Todo lo contrario, junto con los asesinatos crecieron el secuestro, las extorsiones y delitos como el robo de autos y los asaltos se volvieron cada vez más violentos.
- Que desde entonces, abril de 2008, se impuso inconstitucionalmente un virtual Estado de excepción. Quien verdaderamente ha gobernado la ciudad ha sido el gobierno federal a través del Operativo Conjunto Chihuahua (ahora con otro nombre), cuyo mando se concentró en el ejército y ahora en la policía federal. Mientras que el gobierno del estado en los hechos ha renunciado a su soberanía, el gobierno municipal ha sido reducido a instrumento de la voluntad del ejecutivo federal y no de los habitantes del municipio de Juárez. Y todo ello sin que se hayan propiciado condiciones que aseguren niveles mínimos de gobernabilidad, sin garantizar la protección de la vida, la dignidad y el patrimonio. Por añadidura, se hicieron sistemáticas las violaciones a los derechos humanos y las garantías constitucionales.
- Que la llegada del ejército no impidió que las muertes violentas crecieran de manera inusitada. Se pasó de 305 homicidios en 2007, a 1604 en 2008 y llegó a poco más de 2600 en 2009.
- Que ahora se anuncia la reconstrucción de la ciudad, pero se reitera la permanencia masiva del Ejército y el aumento de la Policía Federal en la ciudad, se niegan las violaciones a los derechos humanos y se omite un compromiso firme de encontrar a los responsables de los crímenes que tienen a la ciudad atenazada y emprender una auténtica reparación de los daños a las víctimas.
- Que el gobierno ha pasado de la criminalización de la crítica y la protesta social a la criminalización de la vida social, culpabilizando a las víctimas y pretendiendo que su inmolación se debe a las debilidades de la sociedad y no de las fallas y debilidades del Estado.
- Que el ofrecimiento de los recursos destinados a la supuesta “reconstrucción”, sin justicia, no es otra cosa que un mecanismo de contención y obstaculización al enojo de una sociedad que dignamente exige un desagravio y el cumplimiento de la deuda histórica que el Estado tiene con la ciudad.
- Que en este contexto, discutir el rumbo de las políticas sociales, como algunos proponen, solamente contribuye a legitimar la ilegalidad en que ha incurrido el Estado mexicano por acción, omisión o mera incapacidad y colabora a que el status quo se mantenga; es aceptar la claudicación del Estado de Derecho y el rompimiento del orden constitucional, que ha convertido a Ciudad Juárez en el principal campo de batalla de una guerra sobre la que nunca fuimos consultados.
- Que no se puede combatir la violencia con más violencia; mucho menos la ilegalidad con la ilegalidad, ni defender la democracia con el autoritarismo, y que el argumento de que las cosas cambiarán con más ejército y policías en las calles a estas alturas es ya insostenible.
Denunciamos
· La lógica de una guerra en la que el ejecutivo federal se sitúa como la parte de los buenos y ubica a quienes hemos denunciado la militarización en la parte de los malos, en la que el primer sospechoso de un asesinato es la víctima y el asesinato de miles de jóvenes se reduce a la categoría de daño colateral y necesario para obtener la paz.
· El exterminio de jóvenes solapado por la ineptitud del ejército y la torpeza política del régimen de Felipe Calderón Hinojosa y las acciones, omisiones y complicidades de las autoridades locales, encabezadas por el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas y el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz.
· La violación sistemática de las garantías individuales y los derechos humanos.
· La falta de solidaridad, actitud oportunista y la hipocresía de las élites económicas y de la clase política, que subordinan la búsqueda de soluciones integrales y democráticas a sus intereses materiales y fines electorales, legitimando la violencia anticonstitucional que Estado ejerce contra la sociedad.
Exigimos
· El cese de la supuesta “Guerra contra el Narcotráfico” y el establecimiento de esquemas alternativos de investigación y persecución del crimen organizado.
· La salida incondicional y masiva del ejército y federales de las calles, su retorno a los cuarteles y a una actuación con apego a la ley: no cateos y detenciones sin los requisitos de la ley, fin a las desapariciones y torturas y suspensión de retenes.
· La investigación de denuncias a violaciones de derechos humanos y castigo a responsables por acción u omisión.
· La acción eficaz del Estado para investigar, detener y consignar a los responsables de la violencia (ejecuciones, extorsiones, robos y secuestros) en Ciudad Juárez.
· La reparación del daño para las familias de las víctimas de la masacre de Villas de Salvárcar y de todos aquellos que han sufrido la violencia. Sin justicia no hay reparación y esta debe ser con el visto bueno de las víctimas, tal como lo señalan las convenciones internacionales.
· Las medidas de reparación a los juarenses debe implicar la creación de condiciones para que no se repitan los delitos.
· Que se construya un modelo de desarrollo económico, social y político alternativo al modelo fallido penetrado por el narcotráfico, la especulación inmobiliaria y las omisiones del Estado mexicano.
· La atención a los rezagos sociales históricos en esta ciudad, sin que el cumplimiento de esta responsabilidad del Estado pretenda intercambiar un paquete de obras sociales a cambio del apoyo a una política de guerra que impone una mayor cuota de sangre a los juarenses y a los mexicanos.
· El cumplimiento puntual de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los feminicidios en Ciudad Juárez.
Proponemos
· No acudir a las mesas de trabajo convocadas por las autoridades para discutir la supuesta reconstrucción de Ciudad Juárez
· Impulsar y construir un consenso amplio en torno de una demanda: Justicia para Ciudad Juárez.
· Promover la suspensión del proceso electoral hasta que no se aseguren las condiciones de gobernabilidad y normalidad democráticas, de forma que se diseñe e impulse una efectiva acción integral y coordinada entre los órdenes de gobierno.
· En tanto no se restablezca la normalidad, se declare conforme a la Constitución la desaparición del gobierno municipal y la conformación de un Consejo Político Municipal de composición plural.
· Promover la formación de una Comisión Nacional para el Restablecimiento de la Paz, la Justicia y el Estado de Derecho en Ciudad Juárez.
· Promover el establecimiento de una Comisión Internacional Permanente de Observación de los Derechos Humanos.
No puede haber reconstrucción sin justicia porque la impunidad seguirá llenando de sangre nuestras calles. No puede haber reconstrucción arrebatándonos a nuestros hijos. No puede haber reconstrucción en el marco de una vida secuestrada y sin libertades. La única plataforma de convivencia y reconstrucción es la justicia.
NADA SIN JUSTICIA
LA JUSTICIA ES PRIMERO
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